Polémica por la tasa a la venta de nafta en municipios del GBA
El Gobierno se opone a ese pago extra que cobran 19 de los 24 distritos. También lo aplican intendencias del Interior bonaerense y otras provincias.
El cobro de un adicional en la carga de combustible líquido o GNC, conocido como "tasa vial", es una modalidad que alcanza a casi todo el Conurbano bonaerense: sólo cinco distritos no exigen el pago extra a los consumidores.
La fórmula que puso bajo la lupa el Gobierno nacional se extiende al interior bonaerense y en unas veinte comunas de Salta, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, según informaron a Clarín las cámaras que agrupan a los expendedores de naftas. Desde principios de 2024, la variante se expandió por los distritos del Gran Buenos Aires, empujada por la caída de los recursos que ingresan a las arcas municipales tras los recortes que Nación aplicó a las transferencias a Provincia: se estima que la gestión de Axel Kicillof dejó de recibir ?en promedio- 50 mil millones de pesos por mes desde que asumió Milei. Parte de esos recursos deben transferirse a los municipios.
Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni planteó que el costo elevado de las naftas podría ser atribuido, en parte, a este aditivo que exigen los intendentes. "Notamos cierta proliferación de municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas para que esto deje de ocurrir, que no pase. Es un abuso que tiene cautiva a la gente para cobrarle una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente", argumentó.
Sin embargo, no resultaría sencillo atacar esa tasa desde una decisión del Poder Ejecutivo. La facultad de los municipios para establecer sus mecanismos de recaudación está fijada en el artículo 123 de la Carta Magna: "Cada provincia dictará su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". El Gobierno de Milei debería apelar a la negociación o al convencimiento para revertir el mecanismo que se aplica en19 de las 24 comunas del Conurbano. Sólo San Miguel, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, San Martín y Morón no remarcan los surtidores con esta tasa. No existe una medida o resolución que determine la derogación de normas aprobadas por los concejos deliberantes?, dijo a Clarín un experto en Derecho Municipal de la Universidad de La Plata.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez respondió al vocero: "tiene un absoluto desconocimiento de la vida de los municipios. En Merlo lleva muchos años, es ante- rior a mi tercera gestión. El municipio lo utiliza para volcarlo a los caminos por los que pasan colectivos y autos. El dinero ingresa y es reutilizado para las calles", dijo el alcalde.
El sobreprecio va desde 2,5 por ciento sobre el litro del fluido despachado (aplicado en Merlo, Pilar y Moreno) a un mínimo de 0,88 por ciento por litro en los surtidores de Vicente López. A su vez, Pinamar, Junín y otras ciudades del interior provincial la incorporaron hace unos años. "En esos lugares está definido que la recaudación se destine al arreglo de caminos vecinales, una obligación de las comunas. Pero en el GBA no tiene sentido un gravamen más a los consumidores", explicó Diego Valenzuela (Pro), intendente de Tres de Febrero.
Mar del Plata modificó antes del verano ese ítem polémico. La administración de Guillermo Montenegro quitó el componente "vial" de la Tasa de Servicios Urbanos que pagan todos los vecinos. Y se trasladó "solo a los que usan las calles, los que cargan nafta" (turistas y marplatenses). La recaudación se destina al arreglo de avenidas y calles.
El senador provincial y ex jefe de Gabinete de Mar del Plata, Alejandro Rabinovich (Pro) defendió la decisión: "Acá vemos adónde van los fondos: obras en las avenidas Colón e Independencia. Tal vez el Gobierno apunte a otras jurisdicciones que pretenden mejorar su recaudación", opinó el legislador.
En el país, la discusión sobre la tasa vial arrancó hace más de diez años. Desde entonces es motivo de conflicto judicial. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) sostiene que la tasa vial es inconstitucional y logró varios fallos que frenaron los aumentos.
Fuente: Clarín
